Durante años, el nombre de Fiorella Molinelli ha sido injustamente asociado al caso Chinchero por intereses que nada tenían que ver con la justicia y mucho con la destrucción política. Hoy, como candidata a la presidencia, no solo pido tu confianza, sino que te presento la verdad respaldada por documentos oficiales de instancias nacionales e internacionales que, tras analizar cada detalle, me han dado la razón. La verdad no se grita, se prueba. Y aquí están las pruebas de que siempre actué con integridad, rigor técnico y amor por mi país.
Para comprender los hechos, es vital retroceder al origen: la “polémica de Chinchero” no fue un acto de corrupción, sino un conflicto técnico-político derivado de un contrato de concesión original firmado en 2014 que presentaba vacíos financieros críticos. Estos errores de diseño impedían que el proyecto avanzara bajo las reglas de mercado de aquel entonces, amenazando con dejar al Cusco sin aeropuerto por décadas más. El Estado peruano, tras una evaluación técnica rigurosa del MEF y el OSITRAN, diseñó la Adenda N° 1 como una herramienta para destrabar el financiamiento y evitar que el erario público pagara intereses exorbitantes que no estaban acotados en el contrato inicial. Aunque sectores políticos sembraron dudas, el tribunal internacional del CIADI ha ratificado que el Estado actuó buscando la mejor alternativa y que mi participación se limitó a ejecutar un mandato institucional respaldado por informes legales favorables. En retrospectiva, lo que se presentó como una irregularidad fue en realidad el ejercicio responsable de la gestión pública para corregir errores heredados y priorizar una infraestructura estratégica para el desarrollo nacional
La adenda que buscó destrabar Chinchero, no regalar nada
Se dijo falsamente que la Adenda N° 1 fue un “regalo” para una empresa. La realidad es que fue una herramienta técnica para destrabar un proyecto que Cusco esperaba por décadas. El contrato original tenía vacíos que hacían inviable el financiamiento. La Adenda fue aprobada y respaldada técnica, económica y legalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el OSITRAN.
Yo no firmé esa adenda por un capricho personal. Lo hice en cumplimiento de un mandato expreso del Ministro de Transportes de aquel entonces, mediante la Resolución Ministerial N° 041-2017-MTC, que aprobó el texto y me delegó la firma. Antes de poner mi rúbrica, me aseguré de que el área legal de mi sector emitiera una opinión favorable, confirmando que todo se ajustaba a ley.
Lo que dijo el tribunal internacional y por qué importa
El Tribunal Arbitral del CIADI determinó expresamente que no existían razones suficientes para sostener la ilegalidad de la Adenda N.° 1, descartando que su suscripción hubiera vulnerado el marco normativo aplicable. Asimismo, precisó que las observaciones y recomendaciones de la Contraloría no tenían carácter vinculante, por lo que no obligaban al MTC ni podían invalidar sus decisiones contractuales. El laudo reconoce que el Ministerio actuó dentro de sus facultades discrecionales legalmente otorgadas para modificar el contrato de concesión, y que impedir la adenda por interpretaciones formalistas habría hecho inviable el cierre financiero del proyecto, frustrando la finalidad práctica del contrato.
En esa línea, el propio Tribunal dejó constancia de que la Adenda N.° 1 era válida y se encontraba vigente al momento de la resolución del contrato, confirmando que su adopción respondió a criterios de legalidad, razonabilidad y funcionalidad administrativa. La conclusión es inequívoca: la Adenda fue un acto plenamente válido, lícito y legal, adoptado dentro de las competencias del Estado y conforme al derecho, desmintiendo cualquier narrativa que pretenda presentarla como irregular o ilegal.
Por qué SERVIR concluyó que actué correctamente
Se intentó manchar mi carrera profesional con una suspensión administrativa. Sin embargo, el Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), tras revisar mi actuación, declaró FUNDADO mi recurso de apelación y revocó cualquier sanción en mi contra.
La resolución de SERVIR es categórica: yo actué con la diligencia requerida, tuve cuidado de conocer el marco legal y solicité las opiniones técnicas necesarias antes de actuar. Este órgano determinó que no hubo negligencia, sino un interés genuino por asegurar la legalidad de mis actos.
Cuando el Tribunal Constitucional cerró el caso definitivamente
El máximo intérprete de nuestra Constitución también se pronunció. En la Sentencia 37/2023, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado mi proceso de amparo y ordenó el archivo definitivo de cualquier procedimiento administrativo sancionador iniciado por la Contraloría en mi contra por este caso.
El TC reconoció que ya existía una decisión firme que declaraba la inexistencia de infracción de mi parte y que pretender reabrir el caso vulneraba mis derechos fundamentales y la garantía de la “cosa decidida”. Para la justicia peruana, mi caso está cerrado y mi inocencia establecida con calidad de cosa juzgada.
Cómo la justicia puso fin a la difamación
Durante mucho tiempo, el excontralor Edgar Alarcón fue el principal promotor de las mentiras en mi contra. Hoy puedo decirles que la justicia también actuó en este frente. El 27° Juzgado Penal Liquidador de Lima lo condenó por el delito de DIFAMACIÓN AGRAVADA en mi agravio.
Este fallo no solo me otorga una reparación civil, sino que obliga a mi difamador a rectificarse públicamente. Esta sentencia es el recordatorio de que las campañas de odio y las noticias falsas tienen patas cortas frente a un sistema judicial serio.
Un compromiso con el futuro
En definitiva, el tiempo y la justicia vienen hablado con claridad. No hubo ilegalidad ni corrupción, sino decisiones técnicas adoptadas dentro del marco de la ley y en beneficio del país. Lo que se intentó instalar como escándalo fue, en realidad, parte de una coyuntura de confrontación política que buscó debilitar una gestión legítima. Hoy los hechos están acreditados, los procesos aclarándose y mi actuación plenamente respaldada.
Por eso camino tranquila, con la frente en alto. Porque cuando se gobierna con transparencia, la verdad siempre prevalece. Y esa verdad no solo limpia mi nombre: reafirma mi compromiso de seguir trabajando por el Perú con honestidad, resultados y vocación de servicio.
¡Cusco se merece su aeropuerto y seguiré trabajando hasta que ello se logre!